Fuentes del Ministerio de Economía y Competitividad explicaron que el importe con que tendrán que dotar ese fondo las entidades se regulará mediante una circular por parte del Banco de España.

Pero antes de ello, las fundaciones tendrán un año de plazo desde la entrada en vigor de la ley (previsiblemente antes de que finalice 2013) para que estén transformadas en bancos.

Además, a partir de ese año contarán con otros dos meses para presentar ante el regulador un plan financiero que tendrá que ser revisado por la institución que gobierna Luis Linde.

En cualquier caso, las citadas fuentes explicaron que el importe final de dotación, para aquellas entidades que superen el citado 50%, dependerá "de las circunstancias financieras de cada entidad". "Habrá ciertas horquillas, pero se trata de un coste añadido", insistieron.

En este sentido, Economía advierte de que este fondo de reserva equivale a un requerimiento adicional de capital y a las entidades que superen ese 50% y se transformen en bancos se les está "exigiendo un plus".

El objetivo de todo ello, según las citadas fuentes es reconducir las cajas hacia su concepto tradicional, tanto en tamaño como en actividad.

El texto recoge que no habrá limitación en las ampliaciones de capital, si bien en cada una de las ampliaciones no habrá nuevos derechos políticos. No obstante, sí mantendrán esos derechos las antiguas participaciones, aunque Economía recuerda que con las ampliaciones de capital el porcentaje queda diluido.

En esta línea, la intención del Gobierno es que las entidades vayan perdiendo la posición de control.

Las mismas fuentes revelaron que el proyecto de ley remitido al Parlamento, incluye "prácticamente" todo lo que ha propuesto el Consejo de Estado, a excepción de la posibilidad de que los patronos estén en el Consejo de Administración de las entidades financieras transformadas en bancos porque es "más sano" desde el punto de vista del Gobierno corporativo.