Según la reforma aprobada, miembros del Instituto Armado que hasta ahora tendrían que pasar a la situación de retiro podrán obtener en adelante “otro puesto de trabajo compatible con su capacidad”.

El Gobierno explicó que este viernes aprobó un decreto por el que se modifica otro del 3 de agosto de 2001, que incluía el reglamento para la determinación de la aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas.

La modificación que hoy se aprueba afecta a la determinación de la aptitud psicofísica de los miembros de la Guardia Civil. Según el nuevo decreto, el cuadro de condiciones psicofísicas (enfermedades y lesiones) para determinar la aptitud del personal del Cuerpo de la Guardia Civil será el mismo que para las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, los baremos de evaluación para calificar la aptitud psicofísica de los miembros de la Benemérita serán los previstos en el anexo de un decreto de 23 de diciembre de 1999.

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A la vista de ambos baremos, y con independencia de que siguen criterios de valoración que no son equiparables, el Gobierno destacó que la norma hasta ahora en vigor era más restrictiva. Implicaba que la determinación de un “coeficiente 5” en el dictamen médico de un guardia civil suponía la pérdida de la aptitud psicofísica y, en consecuencia, el pase a retiro de este agente.

Sin embargo, si se aplica a dicho porcentaje de discapacidad el real decreto de 1999, se determinaría un grado de discapacidad 3, 4 o 5 que, a priori, no tendría que implicar el pase a retiro de un guardia civil. Esto sería así siempre y cuando la discapacidad fuera moderada o no excesivamente grave. En este caso se le podría asignar al agente otro puesto de trabajo compatible con su capacidad.

El Ejecutivo explicó que entiende que para la Benemérita es mejor la aplicación de este baremo de 1999, ya que “permite el mantenimiento de un porcentaje más amplio de la plantilla en servicio activo”.

El plazo máximo para resolver el expediente de insuficiencia de las aptitudes psicofísicas en la Guardia Civil y notificar la resolución al interesado será de seis meses. En la actualidad, dicho plazo es de 3 meses, lo cual, según el Gobierno, “resulta insuficiente para la resolución de los expedientes”.