Durante una rueda de prensa en la sede del Defensor del Pueblo en Madrid, aseguró estar muy preocupado ante “el impacto de la crisis económica en los colectivos más vulnerables como niños, personas mayores, inmigrantes y personas con discapacidad”.

"A lo largo de nuestros encuentros con autoridades españolas y andaluzas (esta semana), nos han relatado historias de niños que se desmayan en clase por mala alimentación, de menores que llevan la misma ropa durante semanas y de niños afectados directamente por los desahucios”, indicó.

“Aplaudo, por ello, el dinero que se está gastando Andalucía para combatir el hambre infantil”, recalcó Muiznieks, que aseguró que “los colegios sí son el espacio adecuado” para desarrollar política social.

A su juicio, “una alimentación insuficiente, la falta de acceso a una educación de calidad y la carencia de una vivienda digna” son los “principales problemas que se derivan de la pobreza infantil en España”, que ha aumentado de forma “alarmante”.

De ahí su petición al Gobierno para que se busquen “soluciones alternativas de vivienda” en los casos de desahucios y se habilite un parque de casas vacías donde realojar a quienes pierdan la suya, puesto que “ningún niño ni ningún discapacitado deberían ser víctimas de estos desalojos”, señaló.

LOCALIZAR “BUENAS PRÁCTICAS CONTRA LA POBREZA”

Muiznieks se mostró sorprendido respecto a las “escasas competencias” del Gobierno central a la hora de poner en práctica políticas sociales y de lucha contra la pobreza en España.

Como ejemplo citó la escasa participación del Ministerio en el gasto educativo total (2.500 millones frente a 50.000 millones de euros en conjunto).

"Dado que España es un país tan descentralizado, la acción del Gobierno se limita muchas veces a intentar coordinar”, declaró Muiznieks, y agregó que “por mi propia experiencia como gobernante sé que a nadie le gusta ser coordinado”.

Otra particularidad de la política social española es que “está muy externalizada, y muchos servicios los prestan ONG, asociaciones y fundaciones”, subrayó.

Es cierto que estas entidades “viven más cerca de la realidad de la calle”, admitió, pero también lo es que la acción del Gobierno se centra solo en “dar dinero”, sin emprender políticas propias.

Por ello, recomendó “un análisis de las distintas iniciativas para localizar las mejores prácticas contra la pobreza infantil”, a fin de que “después (la Administración central) las intente expandir a las comunidades autónomas”.