En unas declaraciones realizadas por Espot en Catalunya Radio el pasado lunes, la directora general manifestaba que “no está previsto ampliar el servicio de intérpretes de lengua de signos catalana en las aulas”, a pesar de las quejas reiteradas de familias y alumnos sordos que denuncian que les faltan horas de interpretación para seguir las clases.

Espot justificó esta decisión alegando que “en las escuelas catalanas todo el mundo aprende catalán y castellano, y si los alumnos sordos de modalidad bilingüe dominaran el oral y el bilingüe, no necesitarían apoyo en postobligatoria”.

Ante estas afirmaciones, la CNSE señala que el derecho de las personas sordas a contar con intérpretes en el ámbito educativo en la totalidad de las horas tanto lectivas como de prácticas es incuestionable, según recogen leyes como la 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de Personas con Discapacidad; la 27/2007, que reconoce las lenguas de signos y los medios de apoyo a la comunicación en España; la Ley 17/2010, que reconoce la Lengua de Signos Catalana, y el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.

La entidad aclara, además, que el colectivo de personas sordas es sumamente heterogéneo, por lo que hay personas sordas que se comunican principalmente en lengua de signos y no sólo a través de la lengua oral y otras que lo hacen únicamente en lengua oral. Para sus usuarios, agrega, la comunicación y el acceso a la información en lengua de signos catalana o española es una necesidad, no un capricho o una mera opción.

La CNSE insta a la directora general a rectificar estas declaraciones, al considerar que, además de insensibles y preocupantes, atentan al derecho de libre elección del alumnado sordo y sus familias, y pide a la Generalitat catalana que en lo referente a política lingüística y accesibilidad cumpla la Ley de la Lengua de Signos Catalana que promulgó en 2010.