De esta forma, se agilizarán los trámites que estas personas realicen ante las Administraciones Públicas, como la solicitud de certificados de discapacidad o la relación entre los Centros de Empleo y la Administración.

Además, a través de este acuerdo se desarrollará el proyecto ‘Las cargas administrativas que afectan a las personas con discapacidad’, en el que el Cermi, en colaboración con Hacienda, analizará las obligaciones de informaciones derivadas del cumplimiento de la normativa vigente que afecten a las personas con discapacidad y sus familias, al tiempo que presentará un informe final sobre reducción de cargas administrativas y mejora de la normativa.

Este convenio –que ha sido firmado por el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, y el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno- amplía los supuestos de los suscritos previamente entre ambas partes en materia de atención e inclusión de la discapacidad en el ámbito de la Administración electrónica y la atención al ciudadano.

Para Beteta, "si la Administración ha de ser cercana con todos los ciudadanos, habrá que hacer un mayor esfuerzo con aquellos colectivos que tienen más dificultades".

Asimismo, señaló que "la política de reducción de cargas administrativas es un instrumento clave para alcanzar la recuperación económica y mejorar la competitividad empresarial, mediante la eliminación de obstáculos que frenan el desarrollo de las empresas, al mismo tiempo que es una contribución clara para elevar progresiva y permanentemente la calidad de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía".