Durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, Caamaño dijo que, pedir un informe a la Abogacía del Estado sobre este asunto, “se ajusta escrupulosamente en lo previsto en la ley 52/1997, de asistencia jurídica del Estado”.

El titular de Justicia señaló que “el informe emitido en esta ocasión es uno más de las decenas de miles de informes que anualmente se emiten por este servicio”, al tiempo que añadió que uno de los campos de estos informes son las “imputaciones realizadas a los miembros del Gobierno o de las Administraciones públicas”.

Por este sentido, Caamaño dijo que “se ajusta plenamente la legalidad el hecho de que la Abogacía del Estado asuma la representación y defensa de autoridades públicas cuando se sigan contra ellos procedimientos judiciales por actos u omisiones relacionados con el ejercicio de su cargo”.

Este planteamiento fue rechazo por la portavoz del PP, Dolors Monserrat, quien acusó al ministro de no distinguir un cargo público, como el de vicepresidenta, de la condición de candidata electoral de De la Vega.

Monserrat añadió que la Abogacía del Estado no “está para servir a los intereses particulares” de los miembros del Gobierno y ser un “patrimonio particular” de los ministros.