Así aparece en el Consenso Económico, correspondiente al segundo trimestre de 2013, que elabora PwC desde 1999 a partir de un panel de más de 400 expertos, empresarios y directivos, y que, en esta ocasión, incluye un monográfico sobre la reforma de las instituciones políticas del Estado.

El 28,8% de los panelistas del Consenso Económico ve mejor la situación actual de la actividad que en el trimestre anterior y el 52,5% cree que la caída se desacelerará en los próximos meses, aunque siempre en un contexto general de “atonía”. Para los panelistas, la situación financiera de las familias es calificada como "mala" por el 84,5% de los encuestados y para el 80,4% seguirá siendo igual dentro de seis meses. El consumo permanecerá estancado para el 53,1% o, incluso disminuirá, para el 43,7%, igual que la compra de vivienda.

En el caso de la situación financiera de las empresas, aumenta en casi 14 puntos –hasta el 71,8%-, los que la consideran “mala” y crece nueve puntos -hasta el 73,9%- el porcentaje de los que consideran que seguirá igual dentro de seis meses. Sólo las opiniones relacionadas con la evolución de las exportaciones destilan optimismo: aumentan del 70,7% al 79,3% los que aseguran que crecerán nuestras ventas en el exterior y aumentan en siete puntos, hasta el 50,5%, los que creen que la situación y perspectivas de los mercados exteriores irán a mejor en los próximos seis meses. La creación de empleo permanecerá estable o disminuirá para el 94,8%.

Respecto al ámbito político, el 76,6% de los panelistas afirma que en España la división de poderes “no es suficiente” y que el poder se encuentra “excesivamente concentrado” y para solucionarlo, el 86,6% cree que las fuerzas políticas deberían suscribir un acuerdo, fuera del periodo electoral, para cambiar la ley de partidos. Un consenso que, para el 82,2%, debería impulsar las listas electorales abiertas y para un 77,7% conseguir que tanto el funcionamiento de los partidos como la toma de decisiones se hagan con una mayor participación de los militantes.

La gran mayoría, el 90% de los consultados, cree que el Senado, tal y como está concebido actualmente, sólo sirve para complicar el proceso legislativo y para gastar más y que debería reconvertirse en una “verdadera” cámara territorial o “desaparecer”.

Respecto a la gestión de los recursos humanos en las Administraciones Públicas, el 88,9% se confiesa “plenamente o bastante de acuerdo en que ésta es muy deficiente”, lo que redunda en una “baja productividad y en costes excesivos”.

En el ámbito presupuestario, el 92% de los panelistas pide la renovación del funcionamiento del Tribunal de Cuentas dotándole de agilidad, de más recursos profesionales y tecnológicos y de mayor capacidad jurisdiccional

Respecto a la gestión económica de los ayuntamientos, el 88,8% estima que ésta debería estar supervisada por la recién creada Agencia Fiscal Independiente, que advierta de la solvencia y sostenibilidad de sus finanzas. El 87,7% afirma que la mayoría de los 8.117 ayuntamientos que hay en España son muy pequeños y no tienen recursos para prestar los servicios públicos necesarios y habría que agruparlos en entidades más grandes.

En esta línea, el 85,5% de los expertos consultados considera que es “necesario simplificar y reducir las excesivas trabas administrativas” y proponen la creación de una Comisión Nacional de expertos que valore los procesos de concesión de licencia e inspecciones de los ayuntamientos. Además, un 72,7% piensa que las competencias en urbanismo deben corresponder a la Administración Central y que éstas, junto con otras relacionadas con actividades económicas, se le deberían retirar a los municipios para evitar la corrupción.

Por su parte, el 82,6% apuesta por la eliminación de las diputaciones porque duplican organismos y aumentan el coste de los servicios públicos.