Así se recoge en un convenio de colaboración entre ambas instituciones, que el próximo lunes firmarán el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez, y el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.

Según este acuerdo, el Cermi identificará las gestiones administrativas que más efectúan las personas con discapacidad y sus familias por motivos asociados a su situación; determinará su grado de necesidad y dificultad; buscará posibles vías alternativas, y propondrá reducciones de cargas o la adopción de medidas de facilitación al ministerio, quedecidirá al respecto.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la intención del Gobierno de facilitar con carácter general las relaciones de los ciudadanos con la Administración, reduciendo los trámites y gestiones que no sean imprescindibles y facilitando su realización a través de cauces alternativos y menos gravosos.

En el caso de las personas con discapacidad y sus familias, el Departamento que preside Cristóbal Montoro desea aplicar con más intensidad esta estrategia de reducción de cargas administrativas, dadas las mayores dificultades objetivas de relacionarse con las Administraciones que tienen estas personas por las barreras presentes en dichos entornos administrativos.