El autor de la iniciativa, el diputado Alberto Reyero, plantea que incluya, entre otras medidas, “hacer obligatoria la realización de un nuevo plan de emergencia cuando haya cambios en los usos de los centros docentes, y así adaptar la evacuación a la nueva distribución”.

Asimismo, se plantea “revisar los planes de evacuación anteriores a 2010 para comprobar que cubren adecuadamente la evacuación de personas con discapacidad, convocar a expertos y Administración para elaborar criterios comunes de evacuación de alumnos con discapacidad y elaborar guías de actuación para profesores y alumnos para evacuación de personas con discapacidad en casos de emergencia”.

La iniciativa de UPyD incluye “facilitar la información, asesoramiento y control a los responsables de los centros docentes para llevar a cabo la tarea de redactar planes de evacuación, crear protocolos de actuación inmediata para el caso de informes negativos en los planes de evacuación de los centros docentes y revisar los medios disponibles para la evacuación de personas con discapacidad que deben ser los necesarios para garantizar su seguridad, independientemente de cual sea su altura”.

En la exposición de motivos, Reyero expone que “la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física, como el más importante de todos los derechos fundamentales, incluido en el artículo 15 de la Constitución Española, debe plantearse no sólo de forma que los ciudadanos alcancen la protección a través de las administraciones públicas, sino que se ha de procurar la adopción de medidas destinadas a la prevención y control de riesgos en su origen, así como a la actuación inicial en las situaciones de emergencia que pudieran presentarse”.

Añade que “en lo que se refiere a las personas con discapacidad, es mucha la normativa vigente pero queda patente, a nuestro juicio, que las condiciones de evacuación son todavía insuficientes”.

“Entre esta normativa destaca el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, especialmente en sus apartados de Seguridad en caso de incendio (DB-SI) y Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB-SUA)”, indica el diputado, quien considera que “no contempla asuntos tan capitales como la evacuación de personas con discapacidad para todos los edificios de nueva planta, sino sólo a los que superan una determinada altura que, en algunos casos como el uso residencial, es de más de nueve plantas”.