Este proyecto llegó al Congreso el pasado mes de septiembre y ha sido informada por una veintena de comparecencias de expertos. En total, hoy se debatían ocho enmiendas de totalidad presentadas por La Izquierda Plural, CiU, UPyD, el PNV, Amaiur, BNG, Compromís-Equo, y ERC, que es la única formación que ha presentado un texto alternativo con su propia propuesta legislativa.

Los esfuerzos del Ejecutivo se centraron en convencer a CiU y el PNV, que presentaron la misma enmienda de totalidad en la que mostraban su preocupación por el título segundo de la Ley de Transparencia, relativo al buen gobierno, donde se contempla la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda pueda sancionar y hasta destituir a cargos electos municipales e incluso autonómicos.

Ambos rechazaban lo que consideraban una clara ingerencia competencial para situar a las administraciones autonómicas y locales en una posición de subordinación jerárquica respecto a órganos estatales vulnerando su autonomía política.

Sin embargo, el compromiso expreso de la vicepresidenta de negociar con todas las formaciones políticas, de tener en cuenta sus propuestas y de mantener una criterio de lealtad institucional ha sido suficiente para que ambas formaciones procedieran a la retirada de sus enmiendas.

El portavoz del PNV, Emilio Olabarría, fue el encargado de escenificar en primer lugar el cambio de postura de su grupo. De hecho, felicitó a Sáenz de Santamaría por su intervención ante el pleno y le dijo que, con los cambios comprometidos, “esta es la Ley de Transparencia que nosotros esperábamos”.