PSOE, CiU y CC votaron en contra de la devolución del texto al Gobierno y se abstuvieron PNV y varios miembros del Grupo Mixto, con lo que el proyecto podrá seguir su curso en la Comisión Constitucional, que tendrá competencia legislativa plena.

En defensa de la ley intervino la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que se congratuló por el aval hoy del Congreso a la tramitación de una ley “imprescindible” para el sector, “tantas veces prometida por los distintos gobiernos” de la democracia.

De la Vega aseguró que el proyecto articula una ley “garantista”, respetuosa con las competencias autonómicas y que ha sido dialogada con la industria audiovisual, pero que el Gobierno está abierto a mejorar con las aportaciones de los grupos de la oposición.

La vicepresidenta aludió en su presentación de la ley a la investigación que ha anunciado la Comisión Europea sobre una posible colisión de la nueva financiación de RTVE con la normativa comunitaria. “Los Estados son los que definen el modelo de financiación del servicio público de radio y televisión”, subrayó. “No hay conflicto de competencias”.

PROYECTO “ANTICUADO”

Por el PP, el diputado Miguel Angel Cortés manifestó que su grupo pide la devolución porque aunque la ley es necesaria, estamos ante un “proyecto anticuado, obsesionado por controlar a los medios y que supone una amenaza para la libertad de expresión”.

A los populares les disgusta especialmente del articulado el nuevo Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), por las excesivas atribuciones que se le otorgan.

Para Gaspar Llamazares, de IU, la ley es una muestra del “fiasco” que supone la política audiovisual de este Gobierno. “Es ‘la ley UTECA’ o la 'ley Berlusconi', y su objetivo no es ordenar el sector, sino mantener un sector oligopólico, que beneficia a la iniciativa privada y margina a la televisión pública”.

Joan Ridao, de ERC, cree que el proyecto representa “una seria amenaza para el servicio público” y destaca por su “servilismo” hacia determinada parte de grupos de comunicación, “a saber a cambio de qué intereses”. Asimismo, ERC cree que la ley acarrea “una clarísima invasión competencial” a través de un órgano como el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA).

Josep Antoni Duran i Lleida, de CiU, afirmó que la ley es “necesaria”, pero su grupo formulará al proyecto más de cien enmiendas parciales, buena parte de ellas para corregir la inversión competencial en que, a juicio de CiU, incurre el proyecto.

Pedro Azpiazu, del PNV, mantuvo que “nadie del sector está contento” con este proyecto, y se quejó de que el Gobierno no ha hablado con su grupo antes de enviar el proyecto a las Cortes. Sin embargo, indicó que el PNV no ha presentado enmienda de totalidad porque quiere mejorar la ley con las modificaciones parciales. “Queremos darle al Gobierno un margen de confianza, aunque no se la merece”, señaló.

El representante del PSOE, Oscar López, lamentó que haya grupos de izquierda que hayan presentado enmiendas a la totalidad, porque supone oponerse a una ley que defiende la televisión pública y que crea un órgano independiente de control como el consejo audiovisual estatal.

AUTORIDAD INDEPENDIENTE

El proyecto de ley que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 16 de octubre adapta la legislación española a la directiva de Televisión sin Fronteras y culmina la reforma legislativa del sector audiovisual desarrollada por el Gobierno con medidas como la nueva ley de financiación de RTVE.

La creación del CEMA como autoridad independiente de control y la prohibición de la emisión en abierto de pornografía figuran entre sus medidas más relevantes de la ley audiovisual.

La norma regula la concesión de licencias de radio y las normas básicas de emisión de publicidad en televisión, e incorpora medidas de protección a los menores y de acceso a los discapacitados. También aborda el desarrollo de la televisión de alta definición y de movilidad.

El Gobierno ha aprovechado esta norma para incluir en ella medidas que ya están en vigor como la regulación de la TDT de pago o la liberalización de la participación accionarial en televisiones privadas.