Y es que, argumenta el sindicato, el objetivo de las últimas reformas no gira en torno a las personas y la mejora de los servicios, sino en torno al euro, pues está motivado por el ahorro y la reducción de gastos.

La Unión General de Trabajadores se queja de que el Plan Nacional de Reformas incluya medidas como el copago o la adecuación de las prestaciones a las necesidades de los dependientes con una priorización de los servicios profesionales sobre las prestaciones económicas.

Además, denuncia la reducción del nivel mínimo de protección y de las cuantías que perciben los beneficiarios y el incremento del copago del beneficiario.

A todo esto hay que sumar, a juicio de UGT, el hecho de que de un total de 2.205 millones de euros, más de 1.000 no se destinen a la protección del dependiente sino a pagar la deuda contraída con la Seguridad Social por las cuotas de los cuidadores no profesionales del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (Saad).

Ante esta situación, el sindicato considera que el Ejecutivo ha paralizado, prácticamente, la aplicación de la Ley de Dependencia.