En una carta dirigida al fiscal general, Rosa Díez asegura que la portavoz vasca se unió a la cadena humana esgrimiendo su condición de aforada y amenazó incluso con llamar al "teléfono personal" de la consejera de Seguridad vasca, Estefanía Beltrán de Heredia, para quejarse.

Para UPyD, la actuación de Laura Mintegi el 15 de mayo "constituye un delito de resistencia grave (atentado a la autoridad) o, cuanto menos, de un delito de resistencia (si es que se considera que la referida actuación fue meramente pasiva o inerte y no activa)". Además, supone "un delito de enaltecimiento del terrorismo y un delito de desórdenes públicos".

Díez acusa Mintegi de dar apoyo político expreso o tácito al terrorismo; acompañar la acción de la violencia con programas y actuaciones que fomentan una cultura de enfrentamiento civil ligada a la actividad de los terroristas, o que persiguen intimidar.

También denuncia que se dedica, entre otras cosas, a incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y medios terroristas; utilizar como instrumentos de la actividad del partido símbolos y mensajes que representen el terrorismo; dar cobertura a las acciones de desorden vinculadas con el terrorismo.

UPyD solicita, por todo ello, a Torres-Dulce que inicie diligencias en los hechos indicados, que se esclarezca la responsabilidad penal y que "los actos no queden impunes", así como que "proceda a instar con la mayor brevedad posible el procedimiento de ilegalización de EH Bildu".