En declaraciones a Servimedia subrayó que ello sitúa a las mujeres “entre la espada y la pared, entre los tratantes y las exigencias del Estado para garantizar su protección”.

González Participó hoy en un congreso sobre los 10 años de trabajo de Proyecto Esperanza-Adoratrices, donde intervinieron representantes de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea (OSCE), el Ministerio de Igualdad, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, la Policía y la Guardia Civil; la Fiscalía General del Estado, y ONG.

Según explicó González, “en estos últimos 10 años de lucha contra la trata ha habido avances significativos”, sobre todo en lo referente a sensibilización social y a reconocimiento del delito.

“Muchos países occidentales han ratificado convenios internacionales y en general existe un consenso sobre que el tráfico de personas supone un atentado contra los derechos humanos”, apuntó González.

Sin embargo, declaró que “el reto pendiente es pasar del reconocimiento formal a la implantación de medidas por parte del Estado”, que debe obligarse a garantizar estos derechos.

Así por ejemplo señaló que “no todas las comunidades autónomas tienen protocolos de protección y asistencia”, y recordó que el Plan Nacional de Trata “supone un compromiso político, pero no es de obligado cumplimiento”.

Finalmente González se refirió a la recién aprobada ley de extranjería, e hizo especial hincapié en el artículo 59 bis sobre la trata de personas, mediante el cual se pueden conceder permisos de residencia y de trabajo a las víctimas, con independencia de que denuncien o no.