Ayllón explicará en una reunión convocada en el Congreso la visión del Gobierno sobre todos estos asuntos con el objetivo de lograr un acuerdo que permita que la nueva norma sea “una ley de todos y para todos”.

En declaraciones a los periodistas a su llegada a la Cámara Baja, el responsable del Gobierno dijo que tras las aportaciones de los partidos “estamos en disposición de encontrar un acuerdo entre todos” para que la norma salga del Congreso antes del final del presenta período de sesiones.

Entre los aspectos que están sobre la mesa, aparecen las posibles sanciones a las administraciones incumplidoras de las obligaciones de transparencia, la regulación de la Corona y las condiciones que deben cumplir las entidades privadas que tengan una financiación pública sustancial.

En nombre del PSOE, Meritxell Batet, insistió en la importancia de articular un sistema de sanciones para los que salten la ley, en que incluya a sindicatos, organizaciones empresariales y la Corona.

Por su parte, el portavoz de CiU en esta materia, Jordi Jané, insistió en que el presupuesto que debe dotar la Ley de Transparencia no puede ser un obstáculo para su puesta en marcha. Asimismo, pidió la regulación de la acción de los lobbys, tal y como ocurre en otros países de la UE.

En la reunión de hoy Ayllón quiere avanzar en la tramitación de la norma y explorar las posibilidades de acuerdo antes de que se abra el plazo para la presentación de enmiendas parciales al proyecto de ley que lleva ya ocho meses en la Cámara Baja.

En este tiempo, los parlamentarios se han reunido, han escuchado a varios expertos y ahora van a analizar de nuevo sus posturas. Queda pendiente saber si sindicatos y empresarios pasan por el Congreso , puesto que hay un consenso general de los grupos para que queden incluidos en la redacción de la ley.

La oposición quiere que se cite a los agentes sociales, pero tanto el Gobierno como el PP son partidarios de cerrar ya definitivamente las comparecencias. Los populares alegan que ningún representante de las entidades que se van a incluir en la ley de manera sobrevenida ha acudido al Congreso.

En el Debate sobre el estado de la Nación, el Congreso aprobó una resolución en la que se instaba a extender el espíritu de la ley a "aquellas entidades e instituciones que se financian esencialmente a través de dinero público".

A raíz de este acuerdo, el Gobierno preparó un informe para determinar cuáles deberían verse afectada en virtud de esa premisa, sin descartar que la norma pudiera llegar incluso a obliga a la Conferencia Episcopal.