Según el Ministerio, la nueva ley incrementará la seguridad jurídica de ciudadanos y empresas, ya que existen 40.000 ocupaciones en dominio público y 36.000 en situación alegal tras la aprobación de la ley del 1988.

Ramos dijo que la norma concilia la protección del litoral con las actividades económicas respetuosas con el medio ambiente, beneficiando a 150.000 empleos directos y a más de medio millón de ciudadanos con vivienda en el litoral.

El secretario de Estado explicó que el delegado del Gobierno podrá suspender de forma cautelar construcciones urbanísticas ilegales en la costa y añadió que se aumenta la protección de las playas naturales, al diferenciarlas de las urbanas.

Según los datos que maneja Medio Ambiente, existen 12.800 viviendas en dominio público y más de 125.000 en servidumbre de protección. Según Ramos, los propietarios anteriores a la ley de 1988 mejorarán su situación y ahora tendrán derecho a una concesión de 30 años y una prórroga de hasta 75 años, y la posibilidad de transmitir la concesión de la vivienda a otras personas.

El secretario de Medio Ambiente se defendió de quienes critican al Ministerio afirmando que la nueva ley privatiza las salinas diciendo que “no estamos privatizando las salinas, solo permitimos la posibilidad de ser propiedad privada y de servidumbre”.