Baleares. El Cermi denuncia que las administraciones públicas deben más de seis millones a las entidades de la discapacidad de las islas
- Según el presidente del Cermi Baleares, Rafael Company
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El presidente del Cermi Baleares, Rafael Company, ha asegurado que "las administraciones públicas en Baleares deben más de seis millones de euros a las entidades de la discapacidad".
Así lo destaca en una entrevista concedida al número 78 del periódico ‘cermi.es semanal’, órgano de expresión del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).
Según afirma, las personas con discapacidad en Baleares "habían conseguido un buen nivel de atención y de inclusión social, evidentemente siempre mejorable", pero recalca que la situación de crisis "está golpeando mucho y están en tela de juicio la estabilidad y los servicios de apoyo a las personas con discapacidad".
En esta línea, afirma que el problema de este año 2013 es que, con los cambios de gobierno, "se han ido atrasando toda una serie de convocatorias que están lastrando la situación de una forma tremenda". Así, asegura que todavía no han salido las convocatorias para servicios, lo que pone en una situación "muy complicada" a las entidades de la discapacidad.
Sobre la última remodelación del Gobierno balear, destaca que se ha cumplido una "reivindicación de toda la vida del movimiento asociativo", la creación de la Consejería de Servicios Sociales, y muestra su confianza en la designada consejera, Sandra Fernández, "ya que conoce muy bien el sector".
Entre las demandas del colectivo, Company pone como ejemplo la petición a la Administración que, una vez que se hayan cerrado las listas para atender a nuevas personas, con el mismo presupuesto del año pasado estamos dispuestos a atender a un 5% más de personas siempre que se eliminen toda una serie de trabas burocráticas. Actualmente, explica, del entorno de Feaps y de la discapacidad física hay 200 personas que han solicitado plazas, están en lista de espera y no pueden ser atendidas ahora mismo.
También subraya que otra de las reivindicaciones del colectivo es la modificación de la contratación pública en la Ley de Servicios Sociales, ya que "una amenaza gravísima es que las contrataciones y las prestaciones de servicios por conciertos o subvenciones puedan acabar en manos de entidades ajenas al sector de la discapacidad". De esta forma, el Cermi propone una modificación de la ley para que ampare la contratación directa con las entidades que vienen prestando los servicios.
Los tres grandes ejes de actuación, según Company, son la atención a las personas no atendidas y que no tienen servicios, la estructuración jurídica de la seguridad y la estabilidad para las entidades que vienen prestando servicios a las personas con discapacidad desde hace muchos años y que la Administración pague sus deudas para que las entidades puedan sobrevivir y seguir manteniendo esos apoyos.
En cuanto a si Baleares tiene unos estándares de accesibilidad adecuados, el presidente del Cermi Baleares destaca que se ha mejorado mucho en los últimos años y que existe una Comisión de Accesibilidad en el Cermi, que trata los aspectos fundamentales de este tema con la Consejería de Turismo. En esta línea, sobre la accesibilidad del transporte interurbano, puntualiza que se está solventado a través del tren, aunque quedan algunos problemas con alguna serie de autobuses donde no llega el tren.
Finalmente, sobre los futuros retos del Cermi Baleares, que se constituyó en junio de 2011 y fue el último Cermi autonómico en crearse, asegura que "lo fundamental es la coordinación entre las diferentes redes o federaciones que formamos parte del Cermi y el mayor conocimiento entre las diferentes entidades del Cermi". En definitiva, afirma, "hacernos todos más eficientes en cuanto al cumplimiento de nuestros objetivos".
(SERVIMEDIA)
10 Mayo 2013
CDM/caa