En el informe "Perú: Bagua, seis meses después", Amnistía, que recoge testimonios de testigos y familiares de las víctimas, solicita investigaciones completas sobre los homicidios de 10 indígenas y recuerda que ya hay investigaciones en curso de las muertes de 23 agentes de policía.

Además de estos homicidios, al menos 200 personas resultaron heridas el pasado 5 de junio cuando la policía intervino para acabar con una protesta pacífica en una carretera próxima a Bagua (norte de Perú), donde miles de personas se manifestaban por el uso de la tierra y los recursos.

Entonces, miles de indígenas llevaban más de 50 días bloqueando pacíficamente la carretera en señal de protesta por una nueva legislación que, según afirmaban, representaba una amenaza para su subsistencia.

El informe de Amnistía revela que, mientras que se ha detenido y acusado a manifestantes por los homicidios de agentes, ningún presunto implicado en las muertes y lesiones de manifestantes ha sido acusado hasta ahora, y destaca que los dirigentes indígenas han sufrido intimidación y acoso por parte de las autoridades.

"Los actos de hostigamiento e intimidación contra dirigentes indígenas tienen que acabar y se ha de garantizar el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento previo, libre e informado sobre cualquier decisión que pueda afectar a su derecho a la tierra y los recursos", afirmó Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para América.