Según un informe, elaborado por la Unidad de Auxilio Judicial de la Audiencia Nacional, la Comunidad de Madrid fraccionó entre 2004 y 2007 adjudicaciones por 3,1 millones de euros en 104 contratos menores (de menos de 12.000 euros) para evitar que se sometieran a concurso público.

Tras señalar que la Comunidad de Madrid ha colaborado con las investigaciones judiciales, dijo que los contratos fiscalizados representan el 0,05 por mil de la contratación de la Administración autonómica.

Asimismo, señaló que la Comunidad, en la etapa de Esperanza Aguirre como presidenta regional, tomó medidas contra los altos cargos implicados en esta trama corrupta y “se tuvo una actuación ejemplar e inmediata”.