Gallardón subrayó en los pasillos del Congreso de los Diputados que "todos tenemos obligación de acatar la Constitución y máxime aquellos cuyo legitimidad de gobierno emana de la Constitución, como le ocurre a la Generalitat y al Parlamento de Cataluña".

Por eso, instó a las instituciones políticas de Cataluña a que trabajen "desde una máxima lealtad institucional y siempre dentro de las normas del Estado de Derecho".

Gallardón apuntó que debe ser el Tribunal Constitucional quien confirme más adelante si la resolución de independencia que aprobó el Parlamento de Cataluña vulnera realmente los preceptos de la Carta Magna.

Hasta entonces, confió en que los dirigentes catalanes sean conscientes de que la Constitución es "lo que da sentido al Parlamento, al Gobierno de España, al Parlamento de Cataluña y a la Generalitat".

"Si hay un proyecto político que entra en conflicto con la Constitución, hay que hacerlo lealmente como una reforma de la Constitución", precisó. "No se puede hacer con reformas que no sean conformemos con la misma".