Así se recogerá en la futura Ley de Desindexación de la Economía Española, según consta en el Plan Nacional de Reformas que el Gobierno envía a la Comisión Europea.

En el texto se explica que el nuevo índice será “más exigente” que el IPC y en su formulación tendrá en cuenta el nivel inflación del 2% considerado por el Banco Central Europeo (BCE) como estabilidad de precios.

Está previsto que el anteproyecto de ley se presente al Consejo de Ministros a finales de mayo de este año, de manera que pueda entrar en vigor en enero de 2014, momento en el que se actualizan la mayor parte de los precios.

Desde el Ejecutivo señalan que al no disponer de un mecanismo de ajustes de tipo de cambio por pertenecer a la Eurozona, una inflación “sistemáticamente” superior a la de los socios comerciales, lleva a una pérdida de competitividad.

Por tanto, una moderación de precios “resulta imprescindible para acelerar la recuperación de la competitividad perdida”.

Desde el Ejecutivo recuerdan que esta necesaria moderación ha quedado reflejada en el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012- 2014 en el que los agentes sociales renuncian explícitamente a una indexación directa de los salarios al IPC con el fin de que la moderación de rentas salariales permita facilitar el crecimiento y la creación de empleo.

En este contexto, el Gobierno considera que las Administraciones Públicas “no pueden ser ajenas a un ejercicio responsable de coordinación de rentas como el que proponen los agentes sociales”.

Ante esta situación, se ha elaborado el borrador de anteproyecto de Ley de Desindexación respecto al IPC.

El principal objetivo de esta norma es prevenir determinados “efectos de segunda ronda” en el proceso de formación de precios.

De esta manera, la nueva referencia “busca neutralizar el efecto de variables que no dependen de los fundamentos de la economía sobre sucesivas rondas de formación de precios y salarios que pueden afectar a la competitividad de la economía española”.