En la misiva, fechada el pasado día 23 y difundida por AUME, que forma parte de Euromil, ésta última interpreta que las declaraciones que le han costado el arresto a Bravo, en las que pedía que los recortes presupuestarios en Defensa se apliquen a los actos y festejos militares superfluos, "no estuvieron en conflicto" con las restricciones españolas ni europeas a la libertad de expresión de los miembros de las Fuerzas Armadas.

En particular, se refiere al artículo 12 de la Ley de Derechos y Deberes de los militares, que sólo condiciona la libertad de expresión de éstos a "la salvaguarda de la seguridad y defensa nacional, el deber de reserva y el respeto a la dignidad de las personas y de las instituciones y poderes públicos", y a la Convención Europea de Derechos Humanos, que también la supedita a la seguridad nacional.

Puesto que en su opinión las palabras de Bravo no violaron esas previsiones, Euromil cree que su arresto está "en contradicción con la legislación nacional e internacional" y reclama al ministro, cuya intervención personal "apreciaría mucho", que "detenga todas las medidas disciplinarias adicionales" que se puedan aplicar contra él y se le "libere inmediatamente".

Igualmente, esta organización europea confía en que los cambios legislativos en marcha en el ámbito militar, en referencia a las reformas de la Ley de la Carrera Militar y del Régimen Disciplinario, "mejoren la situación futura y no retrotraigan a los militares españoles a tiempos pasados".

Euromil recuerda que su razón de ser es defender que "un soldado tiene los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro ciudadano", y en particular la posibilidad de fundar y afiliarse a sindicatos y asociaciones independientes con los que establecer un "diálogo social" con las autoridades.