El informe, correspondiente al ejercicio 2009 y aprobado por el pleno del tribunal el pasado 21 de marzo, señala que los contratos de prestación de servicios de cobertura informativa que ha suscrito la agencia pública con el Gobierno desde 2006 “siguen sin vincular las cantidades a aportar por el Estado al coste derivado de la consecución de los objetivos de interés general establecidos en el mismo”.

“Mientras se mantenga el estatuto jurídico que posee la agencia, sería conveniente que el Gobierno y la misma regulasen, de manera explícita, en los contratos de cobertura informativa que pudieran seguirse suscribiendo, las calificaciones de los mismos, el carácter y alcance de la retribución de los servicios que la Agencia Efe realiza para el Estado”.

El tribunal también pide una concreción contractual de “las obligaciones a cubrir para su distribución por centros de imputación de gastos y el modo de vigilar y controlar su cumplimiento y la evaluación de la calidad del servicio recibido”.

El órgano fiscalizador subraya que la Agencia ha cumplido en líneas generales las recomendaciones de gestión que le hizo en el anterior informe que aprobó en 2005, correspondiente al ejercicio 2001.

Pero le advierte también de que “debe continuar con su política de contención de gasto iniciada en el ejercicio 2009, dado que a pesar de la misma, la evolución de sus resultados de explotación continua siendo negativa”.

“Dicha política es especialmente necesaria si tenemos en cuenta, además, que entre el 40% y el 50% de sus ingresos se producen como consecuencia de las aportaciones del Estado a través del Contrato de Prestación de Servicios de Cobertura Informativa, que se renueva anualmente”, señala.

Según el tribunal, la agencia,” después de un largo periodo de resultados positivos, entró en pérdidas en el ejercicio 2009. A pesar de las medidas tomadas para la contención delgasto, la evolución de las pérdidas ha seguido incrementándose hasta el ejercicio 2011, último en que la Agencia ha rendido cuentas a este tribunal”.