Según informa SEO/Birdlife, a cada uno de ellos se les ha condenado al pago de una multa de ocho euros diarios durante 24 meses por la comisión de dos delitos contra la fauna y a la inhabilitación para cazar durante cuatro años, además de imponérseles parte de las costas del proceso.

Además, los condenados deben indemnizar, en concepto de responsabilidad civil, a la Administración aragonesa por el valor de las dos águilas perdiceras, fijado en 33.015 euros.

La sentencia dictada en su día fue recurrida por los acusados ante la Audiencia Provincial, que ahora ratifica la condena inicialmente adoptada.

David de la Bodega, coordinador del proyecto Life+Veneno de SEO/Birdlife, afirma que "la personación del Gobierno de Aragón en la causa ha supuesto sin duda un apoyo imprescindible para todo el proceso, que debería servir de ejemplo a otras comunidades autónomas".