En su intervención en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, Burgos explicó que mientras no se establezca un nuevo modelo de cotización a tiempo parcial, se aplicará el principio de un día cotizado por cada día trabajado.

Esta situación supondría unos 1.500 millones de euros anuales en el pago de las reclamaciones de los que tendrían que haber accedido a la pensión desde el año 1995, cuando entró en vigor la norma actual; a los que se suman otros 100 millones de euros al año de las nuevas altas.

Además, Burgos alertó de que, hasta que se fije el nuevo sistema, que el Gobierno ya está negociando con los agentes sociales y los grupos parlamentarios, habrá una situación de "inseguridad jurídica" derivada del hecho de que cada juez podrá aplicar la normativa que crea conveniente.