Así conta en una respuesta de tres líneas que el Gobierno ha remitido por escrito a una pregunta que el portavoz del citado grupo parlamentario, José Luis Centella, le planteó el 20 de marzo, tras la comparecencia en la que el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), general Félix Sanz Roldán, negó en el Congreso de los Diputados cualquier vinculación de los servicios secretos españoles con Corinna zu-Sayn Wittgenstein y que los mismos hubiesen protegido o escoltado a la misma.

“El Gobierno desmiente las informaciones inveraces que le afectan”, dice el Gobierno, que añade: “Interponer acciones judiciales supone utilizar los medios jurídicos del Estado, algo que el Gobierno sólo hace en favor del interés general y, en ningún caso, para realizar desmentidos”.

Centella preguntó al Ejecutivo si tenía previsto iniciar actuaciones judiciales contra la princesa Corina zu-Sayn Wittgenstein “por afirmar que ha realizado trabajos gratis para el Gobierno de España, en asuntos clafisificados, delicados y confidenciales, toda vez que esta afirmación ha sido desmentida por el Gobierno”.

Esta no es la única respuesta que el Gobierno ha dado a La Izquierda Plural sobre la princesa Corinna. A principios de abril, señaló por escrito al diputado Ricardo Sixto (IU) que “la persona a la que hace referencia la pregunta no ha recibido encargo alguno por parte de este Gobierno”.

Según informó IU, Ricardo Sixto le había preguntado al Gobierno si dicha mujer había participado en tareas de asesoría el Ejecutivo español, como ella misma ha dicho públicamente en varias entrevistas con medios de comunicación.

Sixto también preguntó al Gobierno si en algún momento se le había concedido a zu Sayn-Wittgenstein pasaporte diplomático español. “No ha estado nunca en posesión de un pasaporte diplomático español”, se responde.

EL PARDO

“¿Usa en la actualidad o ha usado esta señora recursos del Estado, como por ejemplo vivienda, parque móvil o servicios de secretaría? En su caso ¿qué ministerios se han hecho cargo de estos gastos?”, fue otra de las preguntas formuladas por Sixto.

El Ejecutivo contestó: “Respecto al uso de medios del Estado como vehículos u otros medios, éstos se asignan a las autoridades y altos cargos establecidos en la normativa reguladora correspondiente en función de sus responsabilidades oficiales”.

Sixto preguntó también si Corinna había utilizado “alguno de los alojamientos situados dentro del recinto de El Pardo cuyo mantenimiento y gastos corren a cargo del erario público”.

El Gobierno respondió a Sixto indicando que “la Ley 23/1982, de 16 de junio, de Patrimonio Nacional, define e identifica los bienes integrantes del mismo como los afectados al uso y servicio de la Jefatura del Estado. El Consejo de Administración de Patrimonio Nacional tiene legalmente encomendada la conservación, mantenimiento, mejora, administración y seguridad de todos estos bienes”.