La Fiscalía, por lo tanto, les acusa de un delito de revelación de secretos y, alternativamente, de un delito de colaboración con organización terrorista. El escrito hace referencia al artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que establece que “el Fiscal General del Estado podrá impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones, tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos”.

El Ministerio Público pide para los acusados dos años de cárcel por el delito de revelación de secretos y, alternativamente, cinco años de prisión por la colaboración con organización terrorista.

La Fiscalía sostiene que el inspector Ballesteros fue la persona que entregó a las 11.23 horas del 4 de mayo de 2006 a Joseba Elosua, dueño del bar ‘Faisán’ y presunto enlace del aparato de extorsión de ETA, un móvil. La Fiscalía afirma también que a través de ese móvil, Pamies alertó a Elosua de la operación que se iba a llevar a cabo contra el aparato de extorsión de ETA.