En la sesión de control en el Pleno del Congreso de los Diputados, el ministro se refería así a la norma de la Junta de Andalucía que establece la expropiación temporal de viviendas a la banca para evitar desahucios.

El titular de Economía explicó que este texto tendrá “dos consecuencias muy perjudiciales: los jóvenes tendrán muy complicado acceder a una vivienda en propiedad en Andalucía, y afectará al sector de la construcción en una comunidad que tienen una tasa de paro 10 puntos por encima de la media nacional”.

Así, insistió en que “este decreto lo único que va a conseguir es que no haya crédito hipotecario en Andalucía, que se afecte a la juventud andaluza y que el sector de la construcción cada vez vaya peor allí”.

De Guindos recordó que casi el 97% de los españoles paga sus cuotas hipotecarias regularmente, y que el problema que se aborda, aunque es “grave”, afecta sólo al 3%.

El portavoz de La Izquierda Plural en el Congreso, Cayo Lara, pidió al ministro que “no le ponga zancadillas al decreto”, ya que “pretende cambiar el miedo por derechos”.

Además, destacó la necesidad de “estar con la gente que expulsan de sus casas y con lo que es justo” y no “con la banca permitiendo la usura”.

Por su parte, el diputado socialista Miguel Ángel Heredia indicó que ya que “nadie cree que puedan ser capaces de sanar la economía, podrían al menos paliar el sufrimiento de la crisis en las personas” como ha hecho el Gobierno José Griñán en Andalucía.

El ministro de Economía respondió a las preguntas planteadas por los diputados de La Izquierda Plural y el PSOE con una defensa de la norma impulsada por el Ejecutivo.

Además, puso el ejemplo de Mohamed Aziz, cuyo litigio con el banco dio lugar a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la que el Gobierno ha tenido que introducir algunos cambios en la legislación hipotecaria.

Aziz pidió un préstamo de 138.000 euros para una vivienda tasada en 194.000 y dejó de pagar las cuotas pasado un año (habría abonado unos 8.000 euros). Antes de la reforma la cantidad pendiente de pago una vez celebrada la subasta (dos años después del primer impago) sería de unos 115.140 euros.

Tras los cambios introducidos en aspectos como la subasta, los intereses de demora o las costas, la cantidad pendiente sería de 44.400 euros.