Las diligencias previas han sido abiertas a raíz de la denuncia presentada por José Iván Rosa Vallejo, el marido de Sáenz de Santamaría, y del atestado remitido por la Policía Nacional, que identifica a un total de 27 participantes en el escrache, entre ellos a Jorge Vestringe, antiguo secretario general de Alianza Popular. La policía les atribuye a todos ellos delitos de coacciones, amenazas y manifestación ilegal.

El titular del juzgado, el magistrado Marcelino Sexmero, señala en un auto dictado hoy que es pertinente la apertura de diligencias previas “dada la narración escueta y reducida del atestado” y “no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hecho denominados escraches”.

“Debe determinarse si el llamado escrache en el domicilio de la vicepresidente del Gobierno puede ser considerado delito de coacciones dada la poca información facilitada por el atestado”, señala el juez en la resolución.

INFORMACIÓN DE LA POLICÍA

El titular del Juzgado ha pedido a la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía que le remita un informe en el que detalle “la distancia existente entre la cabecera de la concentración y el domicilio de la vicepresidenta y su familia” así como “el modo o manera en el que se convoca la concentración y a través de qué medio”.

El juez también pide a la policía que le diga “si consta la identidad de personas o grupos que convocaron el denominado escrache y el motivo de la concentración”.

Sexmero ha llamado a declarar como testigo para el próximo 22 de abril a uno de los agentes de la Policía Nacional presentes en la manifestación. También ha ofrecido la posibilidad de personarse como acusación a Sáenz de Santamaría y su marido.

Por otra parte, el Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid se ha inhibido ante los juzgados de Valencia, donde tuvieron lugar los hechos, de la denuncia por coacciones que presentó en la Comisaría del Congreso de los Diputados Esteban González Pons por otro supuesto ‘escrache’ sufrido en su domicilio.