Gao Ping volverá de esta forma a prisión cuatro meses después de haber sido excarcelado por orden de la Sala de lo Penal, que declaró ilegal la prórroga de su detención, decretada por Andreu.

La representación procesal de Ping, ejercida por el abogado Jaime Sáenz de Bremond, ya ha anunciado que recurrirá ante la Sala de lo Penal este nuevo ingreso en prisión al entender que no existen nuevos indicios que puedan justificar la medida.

El magistrado de la Audiencia Nacional también ha ordenado el ingreso en prisión preventiva de Lizhen Yang, mujer de Gao Ping. Andreu está interrogando asimismo esta mañana a otros cinco presuntos cabecillas de la red de Gao Ping.

NUEVO INDICIOS

El juez ha tenido en cuenta a la hora de decretar el ingreso en prisión los documentos encontrados en el domicilio de Gao Ping, que han sido analizados por la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) y que “vienen a refrendar su papel preponderante en la organización criminal investigada”.

El auto de prisión dictado por Andreu señala que estos papeles “suponen una agravación en los indicios que hasta la fecha se habían recopilado, aportando hechos nuevos sobre los que se habían imputado con anterioridad”.

“Los datos hasta la fecha analizados vienen no solo a confirmar, si no también a robustecer la solidez de los indicios que ya se tenían en relación con delitos de carácter grave”, señala la resolución.

RIESGO DE FUGA

El magistrado de la Audiencia Nacional también ha tenido en cuenta el riesgo de que Gao Ping se fugue. Indica en este sentido que los hechos que se le atribuyen “son de suficiente gravedad como para justificar el riesgo de sustracción a la acción de la justicia”.

“La condición de extranjero del imputado, tenga o no arraigo y residencia legal, añade recursos y facilidades (cultura, idioma, contactos) para intentar eludir las consecuencias del proceso penal abandonando el territorio nacional, solo o en unión de su núcleo familiar”, señala el auto de prisión, que recoge además extractos de las conversaciones telefónicas intervenidas a Gao Ping.

Gao Ping y el resto de presuntos cabecillas tuvieron que ser puestos en libertad en noviembre pasado después de que la Sala de lo Penal declarase ilegal la prórroga de sus detenciones.

UN CENTENAR DE DETENCIONES

Gao Ping fue detenido el 16 de octubre de 2012 junto a cerca un centenar de personas en el marco de la 'Operación Emperador’. Ante el gran número de detenidos, el lento goteó de declaraciones y el vencimiento de las 72 horas legales de arresto, el juez Andreu se vio obligado el 18 de octubre, con el apoyo de los fiscales Anticorrupción Juan José Rosa y José Grinda, a ampliar el periodo de detención para 20 de los arrestados, incluido Ping . El magistrado de la Audiencia Nacional decidió dejar a este grupo de detenidos para el final precisamente por ser los supuestos cabecillas de la trama y los que presuntamente están más implicados en el caso. No pudo tomarles declaración hasta el viernes 19 y el sábado 20 de octubre, tras lo que ordenó su ingreso en prisión preventiva.

RECTIFICACIÓN DE LA SALA

Pero a finales del pasado mes de noviembre, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional –el superior jerárquico de Andreu - ordenó la puesta en libertad de los 20 supuestos cabecillas. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por el magistrado Alfonso Guevara, ordenó la excarcelación al concluir que las prórrogas de las detenciones de los presuntos líderes de la red de Ping superaron el límite de 72 horas, no tenían "cobertura legal" y se basaron en una "interpretación errónea" de la legislación y de la doctrina del Tribunal Constitucional.

El pasado 29 de noviembre el juez Andreu decretó la libertad de Ping y del resto de cabecillas, aunque estableció como medidas cautelares para conjurar el riesgo de fuga la obligación de los imputados de comparecer todos los días ante la Audiencia Nacional, la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio nacional.

La prorroga de las detenciones desembocó en una querella contra Andreu y los fiscales que el Tribunal Supremo rechazó el pasado 20 de marzo.