Torres-Dulce se refirió a este asunto en el Senado, donde compareció esta mañana para explicar los datos de la Memoria de su institución correspondientes a 2011, así como la información que ya está disponible respecto a 2012.

A este respecto, el fiscal general se refirió al hecho de que el nuevo Código Procesal Penal propuesto al Ministerio de Justicia por una comisión de expertos otorgue al fiscal la dirección de la investigación en los procesos judiciales.

En este sentido, Torres-Dulce señaló que para que esto sea posible es necesario dotar a su institución de más efectivos; asignarle unidades de policía judicial “exclusivas” y expertos tributarios; así como reforzar el grado de autonomía que el Estatuto de los fiscales otorga a estos profesionales.

Por otra parte, el fiscal general repasó en su comparecencia la Memoria de su institución de 2011 y avanzó datos de 2012. Así, destacó los casi 5.300.000 procedimientos incoados en el orden penal en el año 2011, que en el año 2012 pasaron a ser 5.130.089.

Torres-dulce dijo que “estas cifras, espectaculares en apariencia, generan una suerte de espejismo estadístico que exige su ponderada corrección, pues lo cierto es que en ambos años prácticamente el 90% de las diligencias previas, componente esencial de la anterior cifra, fueron archivadas en un periodo inferior a dos meses”. Se quejó, sin embargo, de que esto dio lugar a “una actividad en los órganos judiciales y en las fiscalías absolutamente improductiva”.

JUICIOS DE FALTAS

El responsable de la Fiscalía destacó que esta disfunción podría resolverse si, con el debido control judicial o fiscal, “la Policía sólo remitiera los atestados que requirieran de actividad investigadora, por ejemplo, tras la identificación del autor o autores de la infracción”.

Sin embargo, se quejó de que el borrador de Código Procesal Penal elaborado en el seno de la Comisión de Expertos nombrada por el Ministerio de Justicia “no aborda debidamente este problema, pues sigue contemplando que la totalidad de los atestados policiales pasen al Ministerio Fiscal”.

Además, Torres-Dulce incidió en que la asistencia a vistas civiles por parte de los fiscales alcanza ya más de la mitad de las penales por delito (83.602 frente a 172.439), aunque aún todas estas se ven “abrumadoramente” superadas por los más de 300.000 juicios de faltas que se celebran con intervención del fiscal.

En este punto, remarcó que “el problema de los juicios de faltas merece una reflexión reposada”. Añadió que “el grado de alarma y la trascendencia social que la mayoría de estas infracciones genera en la sociedad es de tan escasa entidad”, que destinar tantos medios a este fin “dispersa y debilita de manera innecesaria” las energías de los tribunales.