El pasado 16 de abril de 2012, la presidenta argentina anunció una norma por la que declaraba de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% de YPF. Puesto que Repsol tenía un 57% de la compañía, sigue gestionando el 6% restante.

Desde ese momento, la compañía española anunció que emprendería acciones legales hasta que se le abonara una indemnización justa. Ello le ha llevado a que, un año después, mantengan hasta nueve causas judiciales abiertas.

La principal es la demanda de Repsol contra Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Actualmente, según indicaron desde Repsol, las dos partes han nombrado a su árbitro y se está a la espera de que el Ciadi nombre al presidente del Tribunal para que quede formalmente constituido.

Por otra parte, la situación ha llevado a Repsol a litigios tanto en Argentina, EEUU (4) y España (3). En el país sudamericano, la compañía que preside Antonio Brufau demandó a Argentina por considerar de “inconstitucionalidad” la expropiación, caso que está aun a la espera de que el Gobierno de Fernández de Kirchner responda.

En EEUU se demanda tanto al estado de Argentina como a Chevron y al Bank of New York Mellon (BNYM).

En el caso español, la multinacional petrolera presentó denuncias por “competencia desleal” a Chevron, Bridas e YPF. En los tres casos se está a la espera de que el tribunal resuelva si tiene jurisdicción para conocer el asunto.

El año pasado Repsol registró un beneficio neto de 2.060 millones de euros, un 6,1% menos que en 2001. Si bien aseguraban que descontado el efecto de la valoración de los inventarios, el beneficio aumentó un 5,4% respecto al año anterior, que incluía YPF durante todo el ejercicio.