Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría aseguró que los ministerios de Justicia y de Fomento están analizando la medida del gobierno autonómico de José Antonio Griñán ante sus posibles "implicaciones de constitucionalidad".

Sáenz de Santamaría cuestionó la efectividad de la medida y advirtió de que las familias a las que pretende beneficiar tendrían que "pagar un justiprecio" en la expropiación a modo de compensación a la entidad bancaria que se haya quedado con la vivienda.

Además, apuntó que ya existe una solución mejor para las familias en riesgo de exclusión, puesto que el decreto ley aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy hace unos meses obliga a paralizar durante dos años los desahucios de estas personas.

Sáenz de Santamaría afirmó que la Junta de Andalucía debería explicar el objetivo real de la medida y "qué aporta a mayores", ya quien evita que se eche a las familias de su casa es el Ejecutivo central con el decreto ley que aprobó hace meses.

Con la reforma del Gobierno de Mariano Rajoy, subrayó que los desahuciados en situación de vulnerabilidad pueden seguir utilizando la vivienda durante dos años sin tener que pagar un justiprecio al banco.