Los socialistas tienen ya unos ejes principales de ese modelo que someterán a debate este sábado en un diálogo específico en Badajoz sobre “Ganarse otra fiscalidad” y que se deberá perfilar en la Conferencia Política prevista para otoño.

La principal propuesta que barajan es integrar en el IRPF la tributación de la rentabilidad de toda la riqueza patrimonial de las personas a partir de un mínimo exento que aún no han concretado, independientemente de dónde esté invertida, ya sean Sicavs, fondos de inversión, sociedades instrumentales, o cualquier otro mecanismo.

De esta forma, aseguran, pagarán más las grandes fortunas, y además su capacidad económica quedará reflejada en el IRPF a la hora, por ejemplo, de acceder a ayudas públicas.

Aseguran los socialistas que este modelo está experimentado en Holanda, donde se considera como renta el 4% del patrimonio medio anual y se grava a un tipo del 30%.

Por ejemplo, en el caso de las Sicavs, aunque en sí mismas no tributaran más, el patrimonio que gestionan sí estaría sujeto a ese nuevo impuesto a través de renta. Además, quieren que la Agencia Tributaria pueda tener potestad de control sobre ellas.

Junto a ello, proponen igualar los tipos impositivos de las rentas del trabajo y del capital en el IRPF y revisar las deducciones regresivas, por ejemplo en los planes de pensiones.

En ese sentido, proponen estimular el ahorro a largo plazo mediante un esquema de “cuentas de ahorro individualizadas” cuya desgravación prime determinados fines, por ejemplo la educación, y con libertad del contribuyente para elegir el instrumento.

Paralelamente, quieren aumentar la contribución del sector financiero a la sostenibilidad de las cuentas públicas con la creación de dos nuevos impuestos, uno sobre el pasivo de las entidades, neto de capital y depósitos, y otro los bonus y tribuciones variables de los gestores.

En cuanto a IVA, proponen devolver al tipo superreducido la cultura y los productos higiénicos de primera necesidad, y evaluar la posibilidad de eliminar las exenciones vigentes a la sanidad y la educación privadas no concertadas.

Plantean también incrementar la progresividad del Impuesto de Sociedades eliminando privilegios y la mayoría de las deducciones que solo benefician a las grandes corporaciones, introduciendo temporalmente un tipo mínimo compensable para las grandes empresas que contribuya a recuperar la recaudación y estabilizarla.

Los socialistas quieren también dedicar más recursos a la gestión tributaria, hacer a la Agencia Tributaria más independiente del Gobierno, e incrementar los medios materiales y humanos de la lucha contra el fraude, por ejemplo revocando licencias bancarias a las entidades que favorezcan el fraude o se nieguen a colaborar, y demandando a los estados miembros de la Unión Europea que mantengan obstáculos al intercambio de información fiscal.

Los socialistas están definiendo su propuesta fiscal sobre la base de algunos datos oficiales que reflejan las características del sistema impositivo de España.

Por ejemplo, que la economía sumergida es cinco puntos superior a la media de la zona euro, pero la presión fiscal es casi ocho puntos inferior. Además, la recaudación es muy sensible a los ciclos económicos y, sobre todo, las rentas bajas y medias del trabajo soportan el 90% de la presión fiscal frente a apenas el 10% de las de capital.

Por ello, el objetivo es subir la recaudación, calculan que unos cuatro puntos de PIB en cinco años, pero sin tocar esas rentas medias del trabajo e incluso liberando a las pymes.

Creen que la única forma de hacer eso es ampliar la base fiscal, es decir, haciendo que paguen impuestos quienes ahora no los pagan, o bien porque trabajan en economía sumergida, o bien porque se benefician de subterfugios.