Se creará en la Comisión de Interior y se dedicará, entre otras cosas, a estudiar el papel que las administraciones públicas tienen en el mundo de las redes sociales e intensificar la cooperación e intercambio de información con los administradores, mediante la activación de canales de comunicación ágiles.

El objetivo es determinar posibles modificaciones legislativas para "mejorar la protección integral de nuestros menores y la educación en su utilización; así como las medidas necesarias para que nuestra sociedad de un tratamiento acorde con las necesidades actuales, mejorando la formación y concienciación de los usuarios".

También se definirán "medidas para garantizar la protección de los derechos de propiedad intelectual en el entorno de las redes sociales y para la promoción de conductas respetuosas con estos derechos por parte de los usuarios de las citadas redes".

Deberá culminar los trabajos dentro de los dos próximos periodos de sesiones y sus conclusiones deberán ser aprobadas por la Comisión de Interior para su posterior elevación al Pleno.