En este sentido, el objetivo principal que contiene su análisis es ofrecer información para ayudar a una mejor implementación de la Convención y al respeto de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las niñas y mujeres con discapacidad.

En cuanto a la situación actual de las mujeres con discapacidad en España que el informe del Cermi perfila, según datos aportados por la EDAD 2008, el 60% de las personas con discapacidad son mujeres; al mismo tiempo que destaca la existencia de un alto índice de violencia a este grupo poblacional.

Asimismo, entre otros datos, el informe del Cermi destaca la ausencia de información sobre el número de mujeres y niñas con discapacidad que sufren malos tratos físicos y psicológicos, aunque, asegura, que las entidades de la discapacidad saben que “son muchas”, ya que, agrega, "la discapacidad, sea cual sea, agrava la situación".

En esta línea, el Cermi denuncia que, igual que ocurre en otros países, en España la discapacidad no se ha ligado al concepto de violencia de género en ningún estudio significativo de ámbito estatal ni por parte de las instituciones públicas ni por el de las académicas.

Además, resalta las recomendaciones que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hizo a España, según las denuncias expuestas por el Cermi en su informe alternativo que presentó, y, en este sentido, se ponía de manifiesto que España velase para que se tenga más en cuenta a las niñas y mujeres con discapacidad en los programas y políticas públicos sobre la prevención de la violencia de género.

También aconsejó que se tuviera en cuenta las cuestiones relacionadas con el género en las políticas de empleo, que incluyan particularmente medidas específicas para las mujeres con discapacidad; o que elabore y desarrolle estrategias, políticas y programas, especialmente en los sectores de la educación, el empleo, la salud y la seguridad social, para promover la autonomía y la plena participación de las mujeres y niñas con discapacidad en la sociedad, así como para combatir la violencia contra ellas.

Por último, el Cermi informa de que sobre estas cuestiones "no se ha encontrado ninguna medida que haya sido tomada y que pueda considerarse como un avance en la situación", excepto con la aprobación del anteproyecto de Ley de Reforma del Código Penal, por el que se reconducía a la vía civil el tratamiento de la esterilización forzosa de personas con discapacidad, y por el que la despenalización de la esterilización de las personas que carezcan de aptitud para dar su consentimiento se realizará bajo autorización penal y en un proceso con las máximas garantías.