En una entrevista en la Cadena Ser recogida por Servimedia, el ministro aseguró que “lo grave” de los escraches es que “se está intentando condicionar el voto de los diputados” para que aprueben una determinada normativa hipotecaria y sobre los desahucios.

Aseguró que el Código Penal ya contempla una “respuesta adecuada” a este tipo de presión a políticos. Por este motivo, destacó que esta conducta debe “tener una respuesta como la que estoy convencido que se va a producir por parte de la Fiscalía y, en su caso, de los tribunales”.

Argumentó que hay que “defender la libertad de voto de un diputado que ha sido elegido por el resto de los ciudadanos” y evitar “que una minoría condicione la voz de la mayoría”.

Insistió en que no se puede permitir que, con los escraches, “se convierta en papel mojado la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas en un sufragio universal, directo y secreto porque, al final, el diputado por la fuerza tiene que votar lo que una minoría violenta”, en referencia a los que promueven este acoso a políticos.

Aseguró que el respeto a la autonomía de los parlamentarios es algo “que tienen que garantizar todos los poderes públicos, entre ellos el Ministerio Fiscal”. Remarcó, en este sentido, que “nunca” es aceptable “la violencia frente a un parlamentario” ni para resolver “ningún problema”.

En cuanto al problema de los desahucios, Gallardón dijo que es un asunto “muy sensible”, en el que hay que encontrar un “equilibrio” para evitar que la solución adoptada no impida que los bancos den nuevos créditos y se impida el acceso a la vivienda de la próxima generación. A este respecto, opinó que la dación en pago es una “solución fácil” que impediría la concesión de futuras hipotecas.