Según las fuentes consultadas por Servimedia, ni el Ejecutivo ni el PP están dispuestos a alimentar la polémica, al tratarse de una decisión judicial. La consecuencia directa es que la infanta Cristina tendrá que declarar el próximo 27 de abril en Palma de Mallorca ante el magistrado que lleva el caso.

El Gobierno y el PP tuvieron conocimiento de la imputación de la infanta justo después que terminase la reunión de la Junta Directiva que el partido ha celebrado esta mañana en Madrid, por lo que ninguno de sus principales dirigentes pudo hablar del tema a la salida.

La única que se refirió al asunto al abandonar la sede nacional de los populares fue la presidenta del partido en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, aunquen no quiso hablar de la imputación. "Es una decisión judicial que yo no voy a comentar", señaló.