El caso afectó a más de 400 ciudadanos y el banco habría defraudado más de 750.000 euros, aunque la resolución dictada por el Supremo señala que “el importe total puede ser muy superior”. En el caso hay ya cuatro imputado por delitos continuados de estafa y falsedad documental. Uno de los encausados ha reconocido haber realizado más de 600 extracciones en España.

El Supremo, en concreto, ordena que sea el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, del que es titular el magistrado Eloy Velasco, el que se haga cargo de la investigación.

Los magistrado del Alto Tribunal, presididos por el ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido, han tomado esta decisión al resolver el conflicto de competencia abierto entre la Audiencia Nacional y el Juzgado de Instrucción número 3 de Alicante, donde se abrió una de las causas a raíz de la investigación realizada por la el equipo de Investigación Tecnológica de la Guardia Civil. En España se presentaron un total de ocho denuncias en Albacete, Murcia, Alicante, Valencia, Madrid, Vizcaya, Salamanca y Granada.

“Al número de denunciantes (más de 400) de víctimas potenciales y de territorios afectados (Albacete, Murcia, Alicante, Valencia, Madrid, Vizcaya, Salamanca y Granada), se suma la existencia de conexiones extranjeras que afecta a varios países, lo que determina una complejidad en la investigación que resultara mas abordable por una jurisdicción especializada con competencia nacional”, señala el auto del Supremo, hecho público hoy.