UPyD introduce por primera vez que la ley y el reglamento recojan normas con infracciones y sanciones para los altos cargos y los diputados, como la destitución en los cargos públicos que ocupen, la obligación de restituir las cantidades percibidas indebidamente y la obligación de la Administración de poner los hechos en conocimiento del fiscal General del Estado.

Asimismo, propone un nuevo artículo que recoge que los viceconsejeros no podrán ser diputados en la Asamblea de Madrid, sólo los miembros del Consejo de Gobierno.

Esta formación pide además que durante los tres años siguientes a la fecha de su cese, los altos cargos no puedan realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que se haya dictado resolución en el ejercicio del cargo.

UPyD también pide la publicación de la renta y patrimonio de los diputados de la Asamblea de Madrid en la página web de esta institución, así como la publicación de los partes de uso de los coches oficiales y el número de puestos eventuales que dependa del presidente del Consejo de Gobierno, de cada consejería y del presidente de la Asamblea; sus sueldos, sus currículos, el procedimiento por el que han sido elegidos y los requisitos de acceso.