En su escrito de petición, la entidad explica que el decreto de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad modificó parcialmente la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia "endureciendo el régimen de incompatibilidad de las prestaciones".

No obstante, prosigue, en la regulación se establece también que las administraciones públicas competentes podrán determinar la compatibilidad "entre prestaciones para apoyo, cuidados y atención que faciliten la permanencia en el domicilio a la persona en situación de dependencia, de tal forma que la suma de estas prestaciones no sea superior, en su conjunto, a las intensidades máximas reconocidas a su grado de dependencia".

Feaps Madrid considera que esta posibilidad contribuiría a la mejora de la autonomía de las personas con discapacidad intelectual, ya que la actual rigidez de las incompatibilidades les impide acceder a servicios y prestaciones verdaderamente personalizados "como es exigible de acuerdo con los principios de la propia Ley de dependencia y la Convención de la ONU sobre Discapacidad", señala.

Por ello, el movimiento asociativo solicita a la Comunidad de Madrid que tenga en cuenta esta cuestión cuando desarrolle la normativa pertinente y que flexibilice así "las rígidas incompatibilidades establecidas en la ley de medidas de estabilidad presupuestaria".

Este es el tercer 'derecho de petición' que Feaps Madrid presenta a la Consejería de Asuntos Sociales con el fin de mejorar la autonomía de las personas con discapacidad intelectual.

El primero fue el relativo a la necesidad de que los ciudadanos con discapacidad intelectual de más de 60 años puedan elegir entre acudir a una residencia de mayores o a una residencia de mayores especializada en discapacidad intelectual.

El segundo de los derechos de petición presentado por la misma entidad hace referencia a la importancia de que se tenga en cuenta la capacidad económica individual de las personas con discapacidad tuteladas a la hora de aplicar la Ley de Promoción de la Autonomía Personal, ya que el no hacerlo, argumenta, "supone una discriminación respecto al resto de solicitantes".