En concreto, con el citado anteproyecto se incorporan al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Farmacovigilancia y del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal y se modifica la ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios.

Con carácter general, el CES considera que la trasposición llevada a cabo "se ajusta adecuadamente" al contenido de dichas directivas.

Y es que, afirmó el Consejo Económico y Social este lunes, este organismo entiende que la regulación profundiza en el control de la calidad y la seguridad en la fabricación y el suministro de un producto, como el medicamento, que puede entrañar riesgos para la salud, derivados de comportamientos irresponsables de los consumidores.

Además, el CES valora el anteproyecto ante los casos de entrada en el canal de suministro legal de fármacos falsos en otros países, que han revelado la urgencia de regular su prevención de manera armonizada.

Sin embargo, el organismo entiende que "no parece realista la pretensión del Ministerio de Sanidad, recogida en la Memoria económica del anteproyecto, de no incrementar el gasto presupuestario a pesar de la necesidad de un mayor control administrativo".

Por este motivo, apunta, "sería recomendable revisar las previsiones económicas y organizativas vinculadas a la aplicación de la norma, a fin de procurar que los procedimientos se resuelvan eficazmente".

Respecto a la regulación de la venta por Internet, que queda pospuesta a un ulterior desarrollo legislativo, el CES solicita "diligencia" en tal desarrollo, procurando que contemple todas las garantías necesarias y que proporcione un marco formativo seguro.