En su iniciativa, el Parlamento madrileño reclama modificar la Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las CCAA, de modo que el reparto de fondos se rijan por los principios de “solidaridad y equidad”.

En la exposición de motivos, la Asamblea de Madrid señala que la financiación de las Comunidades Autónomas gira en torno al principio de solidaridad recogido en el artículo 2 de la Constitución, siendo el objetivo que persigue el velar por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español.

La Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, fiel al texto constitucional, contempla dicho principio en su artículo 16, apartado 10, estableciendo que las inversiones que efectúe directamente el Estado y el Sector Público Estatal en las Comunidades Autónomas deberán inspirarse en el principio de solidaridad.

Sin embargo, subraya la Asamblea madrileña, las modificaciones de diversos Estatutos de Autonomía, aprobadas recientemente por las Cortes Generales, “han supuesto, en algunos casos, una modificación de los criterios que hasta fechas recientes venían inspirando las inversiones directas del Estado y de su sector público, introduciendo nuevas fórmulas determinantes del volumen de inversión estatal en algunas Comunidades Autónomas que podrían crear desequilibrios económicos en nuestra organización territorial que requieren una urgente corrección”.

Por ello, con el objetivo de que las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas “no impliquen privilegios económicos” prescritos por el artículo 138 de la Constitución, la Asamblea “estima adecuado precisar expresamente que los criterios determinantes de la inversión estatal sean los mismos” para todas las Comunidades Autónomas, evitándose así que las inversiones estatales en unas CCAA se cuantifiquen con arreglo a criterios distintos de los aplicados al resto.

La reforma que formula la Asamblea afecta al artículo 16, apartado 10, donde propone el siguiente enunciado: “Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, las inversiones que efectúa directamente el Estado y el Sector Público Estatal se inspirarán en el principio de solidaridad y equidad. Los criterios con arreglo a los cuales se determinen tales inversiones serán los mismos para todas las Comunidades Autónomas y se aplicarán uniformemente a todas ellas”.

Agrega una Disposición final por la que la presente Ley Orgánica “entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOE y será aplicable al ejercicio presupuestario 2008".