Según el Instituto Armado, que se espere descubrir que hubo más dinero defraudado se desprende de la documentación incautada este miércoles en la operación ordenada por la juez Mercedes Alaya, que mandó detener a 22 personas.

La Benemérita explicó que las actuaciones de este miércoles han desvelado el desvío de unos 50 millones de euros de los ERE y “se prevé un aumento significativo de dicha cantidad a medida que se analice la abundante documentación incautada”.

Además, en los 13 registros practicados se ha incautado también material informático y 82.000 euros fraccionados en distintos sobres.

Según la Guardia Civil, esta última operación ordenada la juez Alaya “ha desmantelado una trama criminal integrada por diferentes personas físicas y jurídicas asociadas a los procesos fraudulentos de reestructuración de las plantillas de determinadas empresas”.

Además de las detenciones y los registros, se han notificado nueve citaciones judiciales a determinadas personas imputadas en las diligencias previas que tramita el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. La actividad de esta organización delictiva se asocia a los delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental, entre otros.

“FLUJO DE DINERO”

La Benemérita destacó que “las investigaciones han permitido describir el flujo irregular de dinero que seguían determinados fondos procedentes de la Junta de Andalucía. El circuito alcanzaba a todos los que daban cobertura y hacían posible la salida de esos fondos públicos, lo cual se conseguía mediante diversos entramados de empresas instrumentalizadas para tal fin”.

Asimismo, este cuerpo de seguridad apuntó que la explotación de esta fase de la operación supone “un importante paso cualitativo en el curso de la investigación, ya que establece las bases para identificar a los últimos beneficiarios y responsables de los hechos investigados en la causa, así como las motivaciones que propiciaron el mantenimiento en el tiempo del sistema irregular implantado”.

La operación ha desvelado, hasta el momento, el desvío de unos 50 millones de euros, si bien se prevé un aumento significativo de dicha cantidad a medida que se analice la abundante documentación incautada en los registros practicados, en los que también se ha intervenido material informático y 82.000 euros fraccionados en distintos sobres.

La investigación ha sido llevada a cabo por el Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y ha contado con el apoyo de otras unidades del cuerpo.