En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta reiteró que el Gobierno ha actuado en este caso de acuerdo a las leyes españolas y a la normativa internacional, y aseguró que es "muy consciente" de la situación personal que atraviesa Aminatu Haidar, por lo que está haciendo "todo lo que está en nuestras manos" para facilitar documentación y que pueda viajar con libertad y reecontrarse con los suyos.

Sobre esa premisa, y "desde el afecto y la comprensión" de su situación, Fernández de la Vega pidió a la activista saharaui "que reconsidere su posición".

Para el Gobierno, este caso tiene "dos planos", uno personal de la propia Haidar y otro relacionado con el Sahara, y en este punto la vicepresidenta insistió en que la posición de España es "muy clara" y se trabaja por "el derecho a la libre determinación" de los saharauis "en el marco de las disposiciones de Naciones Unidas" y por un acuerdo aceptado entre las partes.