El proyecto establece una reforma de la Ley de Contratos del sector público que fijará el límite de 30 días para que las administraciones hagan efectivos los pagos.

Asimismo, el cambio en esta ley establecerá un plazo máximo de 60 días para que cualquier contratador pague a las pequeñas empresas y a los autónomos.

Por otro lado, la Ley de Economía Sostenible incluye también una reducción de los plazos para la creación de sociedades de responsabilidad limitada. En este caso, fija en cinco días el tiempo máximo para aquellas empresas con un capital entre 3.100 y 30.000 euros, y de un día para las que tienen entre 3.000 y 3.100 euros.

Asimismo, para todas ellas se suprime el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y se habilitará la tramitación de todos las gestión por vía telemática.

El proyecto de Ley de Economía Sostenible establece también una serie de medidas para agilizar los procesos de contratación pública.

Entre estos puntos, el Gobierno incluye la eliminación de la obligación de efectuar una evaluación previa de una empresa cuando un órgano de la misma Administración lo haya hecho para un supuesto similar.

En cuanto a la modificación de los contratos del sector público, éstos sólo podrán cambiarse cuando se haya previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación o cuando concurran causas de fuerza mayor, y en ningún caso podrán superar el 20%.

También se regulará la colaboración entre el sector público y el privado bajo las denominadas sociedades de economía mixta. Además, se incrementa el porcentaje de subcontratación que se puede exigir a los contratistas, pasando del 30% al 50%, con el objetivo de fomentar la participación de las pymes en los concursos públicos.

Por último, la Ley estable la creación de grupos especiales de evaluación del gasto de las administraciones públicas, que analizará la estructura de los diversos ministerios y organismos públicos, y realizará recomendaciones para incrementar su eficiencia.

Asimismo, estos grupos presentarán un plan de austeridad y de calidad del gasto y un plan de racionalización del sector público empresarial y de la estructura de la Administración Pública.