Estos reales decretos completan la transposición al Derecho español de la directiva comunitaria de participaciones significativas, que ya fue incorporada parcialmente en la Ley, publicada en el BOE el 29 de junio de 2009.

El Gobierno clarifica los criterios y procedimientos para la evaluación previa de la adquisición de las participaciones significativas elevando la seguridad jurídica, agilizan la tramitación y refuerzan la colaboración entre supervisores.

Entre las novedades, se encuentra el establecimiento de reglas para el cómputo de participaciones en entidades de crédito, instituciones de inversión colectiva, empresas de servicios de inversión y entidades aseguradoras, respectivamente.

Además, se fija el contenido mínimo de la información que el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores o la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, según corresponda, podrán exigir a los adquirentes potenciales para evaluar la adquisición de una participación significativa.

También se definen las condiciones en las que los supervisores podrán interrumpir el cómputo del plazo para resolver el procedimiento de evaluación de una modificación en las participaciones significativas de una entidad.

Por otra parte, el Consejo de Ministros dio luz verde a un real decreto sobre sistemas de indemnización de los inversores para modificar la aportación anual que deben hacer las entidades adheridas al Fondo de Garantía de Inversiones.

Así, la cobertura por inversor asciende a 100.000 euros por titular y entidad, con el fin de mantener e incrementar la confianza de los depositantes e inversores en las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.