De la Vega hizo estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde le pidieron su opinión sobre la petición que ha hecho la Iglesia a los parlamentarios de que no voten a favor de la nueva ley del aborto.

La vicepresidenta reconoció que la Iglesia tiene derecho a opinar en los debates sociales, pero recordó a los obispos que es al Gobierno y al Parlamento a los órganos a los que corresponde desarrollar las leyes y las políticas. porque, dijo, "en democracia los poderes públicos actúan con independencia y se rigen por las normas de los Estados de Derecho".

Por otra parte, De la Vega apuntó que la reforma legislativa del aborto se ha concebido "desde el más absoluto respeto a la libertad de conciencia", de tal manera que "nadie que no quiera abortar está obligado a hacerlo".

Insistió en que la norma pretende garantizar la seguridad de las mujeres que interrumpen su embarazo y de los médicos que les ayudan a hacerlo, para que nadie vaya a la cárcel por esta causa.

La ley quiere igualmente ofrecer garantías de confidencialidad y equidad en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, concluyó la vicepresidenta, quien se mostró segura de que el Gobierno está haciendo "las cosas como procede".