El Cermi señaló hoy en un comunicado que la ciudad de Barcelona se suma así al cada vez más numeroso conjunto de administraciones, de ámbito nacional, autonómico y local, que incorpora a sus políticas de compras la dimensión social, con lo que se promueve sin mayor coste para las arcas públicas la inclusión de sectores sociales en situación vulnerables, como son las personas con discapacidad y sus familias.

La legislación europea y española permite a todas las administraciones públicas el establecer cláusulas sociales en los pliegos de condiciones de sus licitaciones, como medio de promover la inserción laboral, la accesibilidad universal y la mejor protección de los derechos de las personas con discapacidad.

Por ello, el Comité considera que "ejemplos como el de Barcelona deben llevar a otras muchas instituciones a asumir con convicción y amplitud la dimensión social de la contratación".

El Cermi reclama que las cláusulas sociales sean obligatorias para todas las administraciones, y no potestativas como hasta ahora, para lo cual pide un cambio de la ley de contratos del sector público, pero entre tanto se consigue esa modificación normativa invita a todas las instituciones públicas a imitar la reciente decisión del Ayuntamiento de Barcelona.