Este convenio viene a sustituir al existente entre España y Argentina para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, y protocolo anejo, firmado en Madrid el 21 de julio de 1992.

Éste había sido denunciado, de manera unilateral, por Argentina, con fecha 29 de junio de 2012, y la denuncia implicó que dicho convenio dejó de tener efectos desde el 1 de enero de 2013.

Desde el Ministerio indicaron que el nuevo convenio supone una “mejora y actualización del anterior y facilita la cooperación entre las autoridades fiscales en el desempeño de sus funciones, potenciando el intercambio de información de trascendencia tributaria entre ambos países”.

El convenio introduce algunas modificaciones, como las previstas en el ámbito de la imposición sobre el patrimonio o de los intereses, manteniéndose en el resto del articulado en términos análogos al convenio denunciado.

Junto con el texto del convenio, se ha firmado un memorando de entendimiento, en el que se contienen varias cláusulas de limitación de beneficios con el objetivo de poder atacar aquellas situaciones en las que se pudiera producir una utilización abusiva del convenio.

Por lo que se refiere a la entrada en vigor, ésta se producirá con el intercambio de los instrumentos de ratificación, si bien se ha establecido la aplicación retroactiva del mismo al 1 de enero de 2013, momento en el cual el convenio denunciado dejó de ser aplicable.

Hacienda señala que se evita de esta manera la ausencia de un convenio, que sería un desincentivo a la inversión española, por la inseguridad que conllevaría y porque podría suponer un aumento de la carga fiscal de las empresas españolas instaladas en Argentina.